El Gobierno nacional formalizó hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo (Alemania), una solicitud urgente de medidas provisionales para paralizar las actividades hidrocarburíferas del proyecto “Sea Lion”, impulsado por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte a través de las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
La presentación, articulada por la Cancillería —encabezada por Pablo Quirno—, la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal y la Procuración del Tesoro, se concretó tras el vencimiento del plazo de dos semanas otorgado a Londres para frenar las acciones unilaterales en la plataforma continental argentina. El requerimiento se enmarca en el procedimiento arbitral iniciado a fines de septiembre bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
La solicitud contempla cuatro peticiones de carácter urgente: la suspensión de los trabajos de explotación en la zona; la prohibición al Reino Unido de utilizar la información geológica y técnica obtenida en las exploraciones; el cumplimiento estricto de las obligaciones de protección y preservación del medio marino (artículos 192 y 194 de la CONVEMAR); y la abstención de otorgar nuevas licencias petroleras que agraven el litigio de soberanía reconocido por la ONU.
Desde la Cancillería remarcaron que el organismo internacional podría emitir un pronunciamiento sobre la cautelar durante el mes de noviembre, sentando un precedente judicial directo en la defensa de los recursos naturales del país mientras avanza el arbitraje de fondo.
