La provincia de Santa Fe dio un paso drástico en materia de seguridad urbana y uso del espacio público. El gobernador Maximiliano Pullaro promulgó la Ley 14.486, una normativa de alcance provincial que prohíbe de forma tajante la actividad de los denominados “cuidacoches” o “trapitos”, estableciendo severas sanciones que incluyen hasta 80 días de arresto para quienes la ejerzan.
El decreto 2121, que lleva también la firma del ministro de Gobierno Fabián Bastía, puso en plena vigencia la iniciativa impulsada originariamente por el senador por Rosario, Ciro Seisas. La ley contempla penas no solo para las exigencias de dinero o extorsiones, sino también para cualquier ofrecimiento informal de estacionamiento, guarda, cuidado o lavado de vehículos en la vía pública, aun cuando el pago sea presentado como un aporte “voluntario”.
La medida busca poner fin a un foco histórico de conflictos y denuncias por extorsión en los centros urbanos santafesinos, especialmente en Rosario, ciudad que concentra 1.218 de los 1.395 cuidacoches formalmente identificados y que solo durante el último año registró más de 200 detenciones vinculadas a incidentes en la calle.
Con la reglamentación de esta norma, Santa Fe se suma a la lista de jurisdicciones del país que avanzan con un marco legal rígido contra la extorsión vial, abriendo el debate en el resto de las provincias sobre el control del estacionamiento en la vía pública.
