El gobierno de Javier Milei anunció la apertura del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. A partir de esta medida, los talleres mecánicos particulares, concesionarias e importadores que acrediten la capacidad técnica suficiente podrán registrarse para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida popularmente como VTV. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la implementación se puso en marcha de manera inmediata tras el levantamiento de una cautelar judicial que frenaba la desregulación del sistema.
A través de la Resolución N° 32/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo busca descentralizar el servicio, fomentar la libre competencia de precios y permitir que los usuarios elijan con total libertad dónde realizar el control de sus automóviles.
Cómo funcionará el nuevo sistema
El nuevo esquema de control vehicular introduce modificaciones en la dinámica de las revisiones:
- El registro de inscripción será completamente público, gratuito y digital, gestionado a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
- Los establecimientos que se adhieran mediante declaración jurada quedarán facultados para verificar vehículos particulares, comerciales, de carga, de pasajeros, antiguos y especiales.
- Los automóviles particulares 0 km deberán realizar su primera inspección obligatoria a los cinco años de su patentamiento.
- Para los rodados de hasta diez años de antigüedad, la revisión pasará a ser obligatoria cada 24 meses.
- Las unidades que superen la década de antigüedad deberán continuar realizando el trámite de control de forma anual.
El desafío de la adhesión provincial
A pesar del alcance federal de la normativa dictada por la Secretaría de Transporte, la aplicación efectiva del sistema quedará supeditada a que cada provincia decida adherirse formalmente al nuevo régimen. En caso de que las jurisdicciones rechacen la medida, sus ciudadanos no podrán gozar de la flexibilización ni utilizar los talleres de cercanía habilitados. Ante este panorama, la provincia de Buenos Aires ya se convirtió en el primer distrito en anunciar oficialmente que no acompañará el nuevo marco regulatorio nacional.
