La Legislatura de Jujuy llevó a cabo la 7° Sesión Ordinaria del período parlamentario, presidida por el vicepresidente primero Mario Fiad y con la presencia de 43 diputados. Durante la jornada, el cuerpo aprobó un paquete de normativas centradas en el desarrollo de infraestructura vial, el reconocimiento histórico y derechos para los trabajadores de la construcción.
Entre las leyes sancionadas destaca la readecuación urbana para la Ruta Nacional N° 9 en el tramo de Acceso Sur hacia Los Alisos, una obra clave para el ordenamiento del tránsito metropolitano en el Gran Jujuy.
Las tres nuevas leyes sancionadas en la Cámara
- Ley N° 6516 (Travesía Urbana en Ruta 9): Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por las obras en el tramo comprendido entre la casilla de información turística y el acceso a la Ruta Provincial N° 8 en Los Alisos. La medida busca dar solución al crecimiento vehicular que impacta sobre San Salvador de Jujuy, Alto Comedero, Palpalá y El Carmen.
- Ley N° 6517 (Estrella de Humahuaca): Instituye la insignia histórica «Estrella de Humahuaca» para abanderados y escoltas de los establecimientos educativos de la provincia. La distinción rinde homenaje a las acciones del General Manuel Eduardo Arias y los gauchos jujeños en la batalla de 1817.
- Ley N° 6518 (Día del Trabajador de la Construcción): Establece el 22 de abril como día no laborable y pago para el sector de la construcción en todo el territorio provincial, en sintonía con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75.
Reclamo por obras viales en San Pedro y aclaraciones sobre Humahuaca
Durante el turno de cuestiones previas, la diputada Gisel Bravo expresó su preocupación por el despido de 180 trabajadores tras la paralización de las obras viales en los accesos a San Pedro de Jujuy, solicitando gestiones ante el Gobierno Nacional para destrabar los fondos de este tramo del Corredor Bioceánico.
Asimismo, desde la Cámara se aclaró la situación en la comunidad Santa Rosa de Humahuaca, precisando que los hechos difundidos en redes no responden a un desalojo contra la comunidad aborigen, sino a un litigio particular entre familias que se encuentra en ámbito del Poder Judicial.
