Cada clase de historia, cada docente que invita a pensar, cada estudiante que pregunta qué ocurrió en aquellos años forma parte de un gesto profundamente democrático.
Por Carina Cabo
Cada clase de historia, cada docente que invita a pensar, cada estudiante que pregunta qué ocurrió en aquellos años forma parte de un gesto profundamente democrático
Los hechos sucedidos a partir del 24 de marzo de 1976 no solo alteraron el rumbo político de la Argentina, sino también transformaron la vida cotidiana de las escuelas, de los docentes y de miles de estudiantes.
Mientras el país ingresaba en una etapa de terrorismo de Estado, el sistema educativo fue considerado por el régimen militar como un espacio estratégico. Para los responsables del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, la escuela no era simplemente un lugar donde se transmitían conocimientos, fue el espacio donde florecieron las ideas subversivas y por eso era necesaria una tarea de limpieza ideológica.
La educación fue pensada como una herramienta para reconstruir el orden social que, según la narrativa oficial, se encontraba amenazado. Por eso, el régimen buscó “depurar” el sistema educativo y colocarlo al servicio de la restauración del orden político y cultural. Ese proyecto implicó reformas institucionales, control ideológico y también consecuencias profundas en la vida de miles de niños.
Durante esos años, las aulas estuvieron atravesadas por un clima de vigilancia y silencios. La dictadura consideraba que la escuela y la universidad eran espacios donde podían germinar ideas críticas o proyectos políticos alternativos. Por eso impulsó una reorganización del sistema educativo que buscaba reforzar determinados valores: nacionalidad, tradición y disciplina social.
J. Cardelli (2016) plantea que el primer ministro de educación del Proceso, Ricardo Bruera, fue criticado por no tener un mayor compromiso ideológico con la lucha antisubversiva y es por eso que, en 1977, eligieron como reemplazo para dicha cartera a Juan José Catalán, quién se planteó de manera explícita impulsar la lucha antisubversiva en todos los planos de la cultura y la educación. Para llevar adelante esta tarea planteó la necesidad de incorporar en el ámbito educativo los conceptos de guerra, enemigo, subversión e infiltración. Para ello, se distribuyó una resolución ministerial en todos los establecimientos titulado “Subversión en el ámbito educativo”, hecho que generó un clima de terror. El documento pretendía esclarecer a los educadores sobre el accionar integral de la “subversión” y cómo se la podía detectar. Fue una guía de persecución y censura distribuida en escuelas que buscaba identificar y eliminar la supuesta “infiltración marxista” y pensamientos de izquierda en docentes y alumnos.
En cuanto a las reformas curriculares, se concentraron especialmente en las ciencias sociales. Allí se introdujeron cambios orientados a fortalecer el sentimiento de pertenencia nacional y una visión de la democracia entendida como “estilo de vida” más que como práctica política plural.
Al mismo tiempo, el régimen promovió una reorganización administrativa del sistema escolar. Uno de los cambios más importantes fue la descentralización de la educación primaria mediante la transferencia de escuelas nacionales a las provincias. En la gestión de Bruera, quien ya había sido ministro de Educación en Santa Fe (1970-1973) se acordó “intensificar una coordinación efectiva entre nación y provincias, a fin de posibilitar la descentralización educativa”, pero no fue más que una reconfiguración de su función: el gobierno central mantuvo la conducción política mientras delegaba la administración cotidiana en las jurisdicciones locales.
En ese contexto, muchos docentes fueron perseguidos, otros expulsados o desaparecidos. El miedo y la autocensura se instalaron como parte del clima institucional. Pero, al mismo tiempo, las escuelas siguieron siendo espacios donde los niños crecían, aprendían y trataban de comprender un mundo marcado por la ausencia.
Ahora bien, el impacto de la dictadura no se limitó a persecuciones o reformas administrativas o curriculares. También afectó directamente a niños y adolescentes.
Para muchos estudiantes, el terrorismo de Estado se experimentó primero como una pregunta: compañeros que dejaban de asistir a clase, maestros que desaparecían de un día para otro, silencios familiares imposibles de explicar.
El informe Nunca Más, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en 1984, documentó que la represión no se detuvo ante la infancia. El propio informe señala que “los niños desaparecidos constituyen y constituirán por largo tiempo una profunda herida abierta en nuestra sociedad”, al haber sido despojados de su identidad y separados de sus familias.
Muchos fueron secuestrados junto a sus padres o nacieron en cautiverio durante la detención de sus madres embarazadas. Otros fueron apropiados y criados bajo identidades falsas. En otros casos, los niños sobrevivieron, pero quedaron marcados por las secuelas del terror.
El informe describe esta práctica con una frase estremecedora: los represores decidieron sobre la vida de esas criaturas “con la misma frialdad de quien dispone de un botín de guerra”.
Las investigaciones reunidas por la CONADEP registran testimonios de mujeres embarazadas que fueron torturadas durante su cautiverio. Los hijos nacidos después de esas experiencias, señala el informe, presentaban en muchos casos graves consecuencias físicas y psicológicas derivadas de ese trauma. Las secuelas no eran solo físicas, también eran sociales y emocionales.
Niños que crecieron sin conocer su identidad, que pasaron años en familias o instituciones bajo nombres falsos o que fueron separados de sus familias sin posibilidad de reconstruir su historia.
Uno de los casos narrados por el informe relata la historia de un niño que pasó su infancia en un hogar de menores bajo otra identidad, después de que su familia fuera secuestrada. Durante siete años vivió “sin saber quién era, sin amor, sin cuidados y sin saber qué devendría”.
A cinco décadas del comienzo del régimen represivo instaurado en 1976, la memoria educativa sigue siendo una tarea pendiente y necesaria. Comprender lo que ocurrió durante la dictadura no es solo un ejercicio historiográfico, es también reflexionar sobre el rol que la educación tiene en la construcción de la democracia.
La escuela fue -y sigue siendo- el lugar donde la sociedad puede reconstruirse. Allí donde antes hubo silencio, hoy debe haber memoria; donde antes hubo censura, hoy debe haber preguntas. Cada clase de historia, cada docente que invita a pensar, cada estudiante que pregunta qué ocurrió en aquellos años forma parte de un gesto profundamente democrático. Porque educar no es solo transmitir conocimientos, es también enseñar a cuidar la libertad, la verdadera libertad. Y esa tarea comienza en el aula.
* La autora es doctora en Ciencias de la Educación (Universidad Nacional de Rosario) y profesora de Filosofía.
