Se cumplió el primer año desde aquel histórico 10 de junio de 2025, el día en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó de forma unánime el recurso extraordinario de Cristina Kirchner, dejando firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
Desde entonces, la expresidenta cumple la pena bajo arresto domiciliario y monitoreada por una tobillera electrónica en su residencia de la calle San José. Al cumplirse los primeros 365 días de reclusión, el cronograma judicial activó una fecha clave en el horizonte de la exmandataria: la posibilidad de solicitar la libertad condicional.
Los números del encierro y el camino a 2029
El cómputo oficial establece que la condena de Cristina Kirchner finalizará formalmente el 3 de junio de 2031. Sin embargo, la legislación argentina permite a los condenados solicitar el beneficio de la libertad condicional al cumplir las dos terceras partes de la pena.
- Días restantes: A partir de hoy, restan exactamente 1.095 días (tres años) para que la exjefa de Estado pueda iniciar este trámite.
- Fecha clave: El cronómetro marca que recién en junio de 2029 su defensa estará habilitada para pedir el beneficio.
La millonaria deuda: recuperar los $685.000 millones del fraude
A pesar del enorme impacto institucional que significó ver a una dos veces presidenta condenada con sentencia firme, la causa Vialidad arrastra una importante asignatura pendiente: la ejecución patrimonial.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) actualizó mediante el cuerpo de peritos contables de la Corte el monto total del desfalco perpetrado a través de las 51 licitaciones viales direccionadas a favor de Lázaro Báez. La cifra actual del fraude asciende a $684.990.350.139,86 pesos, una fortuna que debe ser restituida al Estado de forma solidaria entre los nueve condenados.
A un año del fallo definitivo, la Justicia no ha logrado recuperar un solo peso. Las trabas principales radican en las constantes apelaciones de las defensas. No obstante, la Sala IV de la Cámara de Casación ya convalidó que el decomiso avance sobre 111 bienes muebles e inmuebles corporizados entre 2003 y 2015, incluyendo las propiedades y empresas que la exmandataria había cedido de forma gratuita a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
En los pasillos de Comodoro Py existe consenso de que el recurso de queja presentado por la defensa ante la Corte no tiene efecto suspensivo, por lo que el máximo tribunal —que será el titular de los bienes según el protocolo vigente— podría ordenar los remates o la transferencia de los activos en el corto plazo para saldar la mayor deuda del caso: devolverle a la sociedad lo recaudado por la corrupción.
