A 22 años del inicio de la investigación, el Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py dará a conocer este lunes 13 de julio a las 13:00 horas el veredicto final en el caso Skanska. Se trata de una causa emblemática por ser el primer expediente de presunta corrupción institucionalizado durante la presidencia de Néstor Kirchner, vinculado al pago de sobornos y sobreprecios para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur en el año 2004.
El tribunal —integrado por los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez— definirá la situación procesal de 13 acusados, entre los que destacan el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López.
Los pedidos de condena y el millonario decomiso
Durante los alegatos, el fiscal federal Abel Córdoba solicitó penas de entre cuatro y cinco años de prisión para los principales exfuncionarios involucrados, acusados de cohecho activo y administración fraudulenta. Asimismo, reclamó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En el plano económico, la Fiscalía exigió un decomiso histórico de fondos actualizados para resarcir el perjuicio ocasionado al Estado nacional, el cual roza los 50.000 millones de pesos:
- $34.000 millones en concepto de sobreprecios pagados por las obras viales.
- $13.900 millones correspondientes al circuito de pago de coimas generalizadas.
Tanto De Vido como José López siguieron las instancias de la última audiencia desde sus respectivos lugares de detención: el exministro bajo el régimen de prisión domiciliaria en su chacra de Zárate y el exsecretario de Obras Públicas desde el penal de Ezeiza. Ambos enfrentan días complejos en los tribunales, ya que la semana pasada la fiscalía también solicitó para ellos seis años de cárcel en el marco del juicio por la causa «Sueños Compartidos».
El laberinto judicial y la validez de una prueba clave
El caso Skanska sufrió una enorme parálisis en los tribunales federales antes de llegar a esta instancia de juicio oral, que finalmente comenzó en abril de 2024 con 30 imputados originales (de los cuales 17 ya resultaron absueltos).
La columna vertebral de la acusación se basó en una prueba clave: una grabación oculta efectuada por el síndico de la compañía, Claudio Corizzo, a Javier Azcárate (entonces gerente comercial de la firma sueca). En ese audio, Azcárate confesaba abiertamente el pago de los retornos a los funcionarios y la utilización de facturas apócrifas compradas a empresas «fantasma» para justificar la salida del dinero negro.
Aunque la Cámara Federal declaró la nulidad de la causa en un principio argumentando que la grabación era ilegal por haberse realizado sin el consentimiento del imputado, en 2016 la Corte Suprema de Justicia validó definitivamente el audio, permitiendo al juez Sebastián Casanello reactivar las indagatorias y elevar el expediente a juicio oral.
